A tono con los tiempos y su obsesión por la inseguridad, la industria carcelaria se ha convertido en un negocio astronómico. En EE.UU. mueve diez mil millones de dólares anuales y, en plena conquista de un mercado global, ya ofrece servicios especializados en los cinco continentes. España ha entrado también en el nuevo circuito privatizador.
La prisión de Bay County Jail, en Florida, oferta en su página web 700 camas. No dice «tenemos presos», dice «tenemos camas», ya que al igual que en un hotel, el negocio del director es tener las celdas ocupadas con muchos clientes. Y es un gran negocio, a juzgar por el público potencial. Estados Unidos cuenta con la espectacular cifra de dos millones de presos, de los cuales 100.000 se ‘hospedan’ en cárceles gestionadas por la empresa privada y subcontratadas por el Gobierno americano. Una tendencia que se extiende hacia Europa de forma imparable.
Sin ir más lejos, en nuestro país, casi sin ruido y sin debate público, la empresa privada ha entrado también en el sistema penitenciario. Cataluña, la única comunidad que tiene transferidas las competencias penitenciarias, es la pionera en esta iniciativa. El Gobierno tripartito ha prometido construir diez nuevas prisiones en cinco años. Y ha decidido recurrir a la semiprivatización en algunos proyectos. En concreto, la nueva cárcel de Cambrians, en Barcelona, y el módulo de jóvenes de Quatre Camins en la Roca del Vallés (Barcelona). Además, el sector privado financiará la construcción de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y Hospitalet, un megaproyecto integrado por ocho edificios que será explotado en régimen de alquiler por un consorcio de empresas encabezado por la española Ferrovial, una constructora con amplia experiencia en autopistas.
Este sistema híbrido funciona, precisamente, de forma parecida al de las carreteras de peaje: la empresa financia por adelantado y el cliente paga a plazos. En este caso, la Generalitat pagará 487 millones de euros en 35 años. Pero antes de este paso de gigante dado por la comunidad catalana, la empresa privada ya había logrado entrar en la gestión de distintos servicios del mundo penitenciario español. De hecho, un organismo autónomo que responde al nombre Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo es el que subcontrata catering, cafetería, economato y empleo para los presos.
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